El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó el jueves muy claro que quiere al ejército en las calles para combatir la violencia a pesar de las críticas de distintas organizaciones, incluida la ONU, que alertan del peligro de seguir militarizando la seguridad.
“Necesitamos de la disciplina, del profesionalismo de la marina y del ejército para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia", dijo López Obrador, dos instituciones que, a su juicio, “se estaban desaprovechando”.
Una reforma legal aprobada en 2019 con el apoyo de los partidos de la oposición creó la Guardia Nacional con una fuerte militarización y permite que el presidente use a las fuerzas armadas en circunstancias “extraordinarias”, siempre y cuando estén subordinadas y supervisadas por autoridades civiles.
Sin embargo, el lunes se publicó un decreto que autoriza a los militares a participar en las labores de seguridad pública por otros cuatro años, hasta marzo de 2024, sin justificar las circunstancias “extraordinarias” ni mencionar la supervisión externa de los soldados.
“Aunque me critiquen de que quiero militarizar el país voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública", subrayó categórico. “Estoy convencido de que es necesario y como no tengo problema de conciencia, por eso puedo plantearlo”.
Soldados y marinos han sido implicados en graves abusos a los derechos humanos desde 2006, cuando el exmandatario Felpe Calderón (2006-2012) incorporó a las fuerzas armadas en las taras de seguridad pública tras lanzar una guerra frontal contra el crimen organizado.
Pero López Obrador aseguró que eso ahora no ocurre. "Todos los días estoy pendiente de que no haya abusos, de que no haya tortura, de que no haya masacres, de que no haya violación a los derechos humanos”, garantizó.
La ONU ha manifestado en numerosas ocasiones que las labores de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública deben ajustarse “a criterios de estricta excepcionalidad”. Por eso, esta semana la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México emitió un comunicado en el que mostró su preocupación por el nuevo decreto que se limita a indicar que los militares deben coordinarse con el poder civil pero no subordinarse a él, tal y como establece una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano.
Calderón envió al ejército a las calles en 2006 para combatir a los carteles del narcotráfico pero desde entonces la violencia sólo ha ido en alza. México registró 3.078 homicidios en marzo, un aumento de 0,5% respecto del mismo mes de 2019. Los homicidios se han estabilizado, dicen los expertos, pero en niveles muy altos.
